El pasado 5 de marzo retomamos el ciclo “Agroecología y migración” impulsado por Red TERRAE en colaboración con Educatierra, iniciado en 2025 para sostener un espacio de diálogo riguroso sobre el territorio rural como comunidad de acogida. La sesión contó con el interés de más de 80 personas inscritas, procedentes de ayuntamientos, asociaciones, proyectos agrarios y agroecológicos y redes comunitarias.
Queremos agradecer especialmente a Educatierra su colaboración y cuidado del proceso, y a los ponentes Samuel Huesca Triano (jurista de ASDECOBA) y Patuca Fernández Vicens (abogada especializada en migraciones y derechos humanos) por ofrecer una explicación clara y operativa en un contexto informativo donde circula mucha información interesada que alimenta la confusión y, en demasiadas ocasiones, la xenofobia.
¿Por qué importa?
Por qué este debate importa para los territorios rurales
Para Red TERRAE, trabajar la relación entre agroecología y migración es inseparable del reto del despoblamiento y de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales. Cuando hablamos de regularización, no hablamos de un eslogan: hablamos de derechos, de estabilidad, de acceso a trabajo digno y de posibilidades reales de arraigo. En territorios con escasez de mano de obra, envejecimiento y pérdida de servicios, la integración social y laboral no es un asunto “externo”: es una condición para mantener actividad agraria, economía local y vida comunitaria.
¿Qué se explicó?
Qué se explicó en la sesión: requisitos y “vías” de acceso
Durante la sesión se expusieron, de forma práctica, los requisitos comunes para acceder al proceso: estar en situación administrativa irregular, acreditar permanencia (con una estancia continuada de referencia en los meses previos) y reunir documentación clave —como pasaporte y certificados de antecedentes— además de pruebas de presencia en España a través de distintos documentos (por ejemplo: empadronamiento, citas médicas, justificantes de envíos de dinero, etc.). Se insistió en que la preparación documental es determinante y que conviene iniciar cuanto antes la recopilación y ordenación de pruebas.
Los ponentes distinguieron dos vías principales: una vinculada a personas solicitantes de asilo (con condicionantes específicos) y otra para personas en situación irregular que pueden acreditar supuestos como trabajo, vínculos familiares o situaciones de vulnerabilidad mediante informes de servicios sociales o entidades colaboradoras. En el turno de preguntas se abordaron dudas frecuentes: antecedentes penales (incluida la posibilidad de desconocer su existencia), órdenes de expulsión, requisitos de documentación, casos de unidades familiares, y situaciones complejas como personas en centros penitenciarios o en prisión preventiva.
¿Qué puede hacerse?
Qué puede hacerse desde lo local: ayuntamientos y asociaciones como “infraestructura de acogida”
Una de las aportaciones más operativas fue concretar el papel que pueden jugar ayuntamientos, servicios sociales municipales y asociaciones. Entre las líneas de acción destacadas:
- Facilitar acreditación de permanencia cuando el empadronamiento no existe o es insuficiente: certificados, informes o documentos municipales y sociales que ayuden a reconstruir la presencia continuada.
- Organizar talleres informativos y circuitos de acompañamiento: sesiones prácticas para ordenar documentación, resolver dudas (pasaporte, antecedentes, traducciones juradas, etc.) y evitar intermediación fraudulenta.
- Apoyar a entidades locales para registrarse como entidades colaboradoras (cuando cumplan requisitos), y así poder presentar solicitudes e informes de vulnerabilidad y acompañar procedimientos.
Ideas fuerza que supone regularizar
Más allá del detalle administrativo, la sesión dejó varias conclusiones útiles para el trabajo local:
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Reducir precariedad y riesgo de abuso: la regularización abre la puerta a itinerarios con mayor seguridad jurídica y laboral, y contribuye a combatir la economía sumergida y los espacios de fraude que se nutren de la desinformación.
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Hacer posible el arraigo: cuando la situación administrativa se estabiliza, también se estabilizan decisiones clave: vivienda, formación, cuidados, escolarización de menores y vinculación comunitaria.
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Sostener territorios en riesgo: en muchos municipios, la posibilidad de vivir y trabajar con derechos es condición para que la migración no sea solo “campaña” o tránsito, sino proyecto de vida en el territorio.
Cuestiones clave
Para seguir avanzando, el debate dejó preguntas que conviene sostener desde una mirada agroecológica con justicia social y ambiental:
- ¿Cómo evitamos que la regularización se limite a cubrir picos de empleo estacional sin garantizar condiciones dignas, vivienda y arraigo?
- ¿Qué protocolos locales pueden reducir barreras (trámites, tiempos, falta de documentos) sin dejar a nadie atrás?
- ¿Cómo fortalecemos alianzas entre ayuntamientos–asociaciones–proyectos agrarios para acompañar con rigor y frenar desinformación y fraude?
Próximos pasos
Entre las propuestas recogidas, destacamos: compartir modelos de declaración responsable cuando estén disponibles; activar talleres específicos (por ejemplo, sobre cédula de inscripción si aparecen casos); recomendar la renovación anticipada de pasaportes y conservar pruebas de intentos; iniciar ya la recopilación de evidencias de estancia “mes a mes”; y promover asesoramiento jurídico cuando existan antecedentes o situaciones complejas.
Red TERRAE y Educatierra consideran que esta línea de trabajo debe continuar: con información verificable, acompañamiento cercano y respuestas desde lo local que hagan compatibles arraigo, derechos y sostenibilidad del campo.